Real Decreto – Ley 21/2016 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en temas de vivienda y alquiler

Así como señala en la introducción del Real Decreto-Ley 21/2016, España afronta desafíos indispensables en temas de vivienda que, hoy en dia, se ligan a la dificultada del ingreso a la misma en régimen de alquiler. La reforma del año 2013 no causó los resultados esperados, situando al arrendatario de una casa como vivienda recurrente en una posición de debilidad que no responde a la as condiciones mínimas de seguridad y seguridad con las que hay que dotar al inquilino.

En este sentido, se recuerda el artículo 7 de la Constitución Española que proclama a el derecho a gozar de una casa digna y correcta, y a nivel en todo el mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidad que en su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho primordial de la gente.

Son cinco las causas que justifican la extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas tomadas en la presente norma:

1.- La grave situación de puerta de inseguridad económica y popular de un enorme número de familias y hogares para enfrentar los pagos de vivienda en el mercado. Según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% d ellos hogares españoles destinaban más del 40 % de sus capital al pago del alquiler. Ello piensa que España se sitúa 17 puntos por arriba del valor medio de la Unión Europea y se cree que, si no se adoptan las medidas oportunas probablemente furia en incremento, sabiendo que el valor del alquiler se ha incrementado en los últimos tres años en más de 15%.

2.- El desigual y heterogéneo accionar del mercado del alquiler de vivienda, reconociendo que el aumento de los costos del mercado de la vivienda fué especialmente profundo en ámbitos territoriales de fuerte dinámica inmobiliaria caracterizados por una más grande actividad turística. Un caso de muestra de esto es; Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga, y Santa Cruz de Tenerife.

3.- La escasez de vivienda popular que existe y que sea accedible a familias o personas en compromiso popular. España da una cobertura de menos del 2,5% de los hogares.

4.- El número de desahucios vinculados a contratos de alquiler está creciendo a un ritmo anual muy próximo al 5%, por esto se amplían los plazos legales y se introduce en los métodos de desahucios mecanismos que sirvan para responder a la grave situación que viven los hogares más atacables, predeterminado plazos y garantías en el desarrollo.

5.- Responder desde el ámbito de la vivienda en las deficiencias en temas de disponibilidad que sufren por día la personas con discapacidad y movilidad achicada, en un marco demográfico marcado por el progresivo y preocupante envejecimiento de la población: se prevé que, en la próxima década, la población más grande de 65 alas superara sobradamente los 10 miles de individuos.

El Real Decreto – Ley se composición en 4 capítulos y se constituye de cinco artículos, una disposición agregada, les disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Así, el título I introduce la elemental reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, entre las que resaltan la extensión de los plazos de prorroga obligatoria y la prorroga tacita de los contratos de arrendamiento de vivienda. Así se establecen en cinco años el tiempo de prorroga obligatoria, salvo en casos de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un período de siete años.

En relación a la prorroga tacita, se establece que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de alguno de sus prorrogas, y una vez transcurrido el tiempo de prorroga obligatoria, sino existe comunicación de alguna de la parte donde se constituya la intención de no renovarlo, se prorrogara el contrato a lo largo de tres años más, con lo que dota al inquilino de una más grande seguridad que deja de estar expuesto a la prorroga anual establecida en 2013-

Se establece modificación que influyen en el instante de la suscripción de los contratos de arrendamiento. Por un lado, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías complementarios a la fianza que se tienen la posibilidad de reclamar al arrendatario asi sea en depósito o aval bancario.

Se establece por Ley que los gatos de gestión inmobiliaria y de la formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando esta sea persona jurídica, exceptuando esos servicios que hayan sido contratos por idea directa del arrendatario.

Una cuestión técnica que se recopila en el título I en la exclusión del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento urbanos de la cesión temporal del uso que comparta la actividad de la llamada vivienda turísticas.

El título I introduce ediciones en el régimen de propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de proyectos para la optimización de la disponibilidad.

En temas de casas de uso turístico, explicita la mayoría cualificada que se requiere para que las comunidades de dueños logren limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o detallar cuota particulares o aumento en la participación de costos recurrentes de la vivienda.

El título III tiene dentro una modificación del trámite de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares atacables, la determinación de la situación de puerta de inseguridad producirá la suspensión del trámite hasta que se adopten las medidas que lo servicios sociales estimen oportunas por un período máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica.

El tirulo IV, que recopila las medidas en materia económica y fiscal introduce tres medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles. Antes que nada, se exceptúan de la obligación de tener repercusión el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en ellos teóricos de que el alquiler de inmueble de uso vivienda con la renta limitada por una norma jurídica. En segundo lugar, se modifica la regulación del recargo pensado para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter persistente. Po último se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles premeditados de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Otras ediciones que se introduce en el texto de la Reguladora de la Ley Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la oportunidad de hacer actuaciones en temas de vivienda de parte de las entidades Locales. Esta medida ayuda a remover las barreras y paliar el grave déficit de vivienda popular que existe en España.

La disposición agregada recopila el mandato al Ministerio de Fomento con el objetivo de dinamizar la oferta de vivienda en el alquiler. La de los títulos competenciales que amparan al Estado para dictar normas en las diferentes materias. Las disposiciones finales segunda y tercera habilitan el avance reglamentario y establecen la fecha de entrada en vigor de la norma respectivamente. La disposición transitoria primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continúan rigiéndose por es en el régimen jurídico que les era de aplicación

Ten en cuenta que tenemos la posibilidad de aclarar todas tus inquietudes en temas legales, en Isacura Asociados somos tus asesores de seguridad. Contáctanos al: 807 499 573o al correo info@isacuraasociados.com

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Así como señala en la introducción del Real Decreto-Ley 21/2016, España afronta desafíos indispensables en temas de vivienda que, actualmente, se ligan a la dificultada del ingreso a la misma en régimen de alquiler. La reforma del año 2013 no causó los resultados esperados, situando al arrendatario de una casa como vivienda recurrente en una posición de debilidad que no responde a la as condiciones mínimas de seguridad y seguridad con las que hay que dotar al inquilino.

En este sentido, se recuerda el artículo 7 de la Constitución Española que proclama a el derecho a gozar de una casa digna y correcta, y a nivel en todo el mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidad que en su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho primordial de la gente.

Son cinco las causas que justifican la extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas tomadas en la presente norma:

1.- La grave situación de puerta de inseguridad económica y popular de un enorme número de familias y hogares para enfrentar los pagos de vivienda en el mercado. Según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% d ellos hogares españoles destinaban más del 40 % de sus capital al pago del alquiler. Ello piensa que España se sitúa 17 puntos por arriba del valor medio de la Unión Europea y se cree que, si no se adoptan las medidas oportunas probablemente furia en incremento, sabiendo que el valor del alquiler se ha incrementado en los últimos tres años en más de 15%.

2.- El desigual y heterogéneo accionar del mercado del alquiler de vivienda, reconociendo que el aumento de los costos del mercado de la vivienda fué especialmente profundo en ámbitos territoriales de fuerte dinámica inmobiliaria caracterizados por una más grande actividad turística. Un caso de muestra de esto es; Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga, y Santa Cruz de Tenerife.

3.- La escasez de vivienda popular que existe y que sea accedible a familias o personas en peligro popular. España da una cobertura de menos del 2,5% de los hogares.

4.- El número de desahucios vinculados a contratos de alquiler está creciendo a un ritmo anual muy próximo al 5%, por esto se amplían los plazos legales y se introduce en los métodos de desahucios mecanismos que sirvan para responder a la grave situación que viven los hogares más atacables, predeterminado plazos y garantías en el desarrollo.

5.- Responder desde el ámbito de la vivienda en las deficiencias en temas de disponibilidad que sufren todos los días la personas con discapacidad y movilidad achicada, en un marco demográfico marcado por el progresivo y preocupante envejecimiento de la población: se prevé que, en la próxima década, la población más grande de 65 alas superara sobradamente los 10 miles de individuos.

El Real Decreto – Ley se composición en 4 capítulos y se constituye de cinco artículos, una disposición agregada, les disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Así, el título I introduce la elemental reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, entre las que resaltan la extensión de los plazos de prorroga obligatoria y la prorroga tacita de los contratos de arrendamiento de vivienda. Así se establecen en cinco años el tiempo de prorroga obligatoria, salvo en casos de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que se fija un período de siete años.

En relación a la prorroga tacita, se establece que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de alguno de sus prorrogas, y una vez transcurrido el tiempo de prorroga obligatoria, sino existe comunicación de alguna de la parte donde se constituya la intención de no renovarlo, se prorrogara el contrato a lo largo de tres años más, con lo que dota al inquilino de una más grande seguridad que deja de estar expuesto a la prorroga anual establecida en 2013-

Se establece modificación que influyen en el instante de la suscripción de los contratos de arrendamiento. Por un lado, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías complementarios a la fianza que se tienen la posibilidad de reclamar al arrendatario asi sea en depósito o aval bancario.

Se establece por Ley que los gatos de gestión inmobiliaria y de la formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando esta sea persona jurídica, exceptuando esos servicios que hayan sido contratos por idea directa del arrendatario.

Una cuestión técnica que se recopila en el título I en la exclusión del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento urbanos de la cesión temporal del uso que comparta la actividad de la llamada vivienda turísticas.

El título I introduce ediciones en el régimen de propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de proyectos para la optimización de la disponibilidad.

En temas de casas de uso turístico, explicita la mayoría cualificada que se requiere para que las comunidades de dueños logren limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o entablar cuota destacables o aumento en la participación de costos recurrentes de la vivienda.

El título III tiene dentro una modificación del trámite de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares atacables, la determinación de la situación de puerta de inseguridad producirá la suspensión del trámite hasta que se adopten las medidas que lo servicios sociales estimen oportunas por un período máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica.

El tirulo IV, que recopila las medidas en materia económica y fiscal introduce tres medidas en el impuesto sobre bienes inmuebles. Antes que nada, se exceptúan de la obligación de tener repercusión el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en ellos teóricos de que el alquiler de inmueble de uso vivienda con la renta limitada por una norma jurídica. En segundo lugar, se modifica la regulación del recargo sosprechado para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter persistente. Po último se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles premeditados de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Otras ediciones que se introduce en el texto de la Reguladora de la Ley Haciendas Locales es la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para acoger la oportunidad de hacer actuaciones en temas de vivienda de parte de las entidades Locales. Esta medida ayuda a remover las barreras y paliar el grave déficit de vivienda popular que existe en España.

La disposición agregada recopila el mandato al Ministerio de Fomento con el objetivo de dinamizar la oferta de vivienda en el alquiler. La de los títulos competenciales que amparan al Estado para dictar normas en las diferentes materias. Las disposiciones finales segunda y tercera habilitan el avance reglamentario y establecen la fecha de entrada en vigor de la norma respectivamente. La disposición transitoria primera establece que los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley continúan rigiéndose por es en el régimen jurídico que les era de aplicación

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